En el presente trabajo se analiza la repercusión que podría tener el asumir una concepción de la pena como obligación del estado y derecho de las víctimas de violencia colectiva en la que se producen violaciones de derechos humanos. Pese a que dicha concepción se ha gestado en determinados contextos internacionales, no es absoluto descabellado que pueda penetrar en el ámbito de nuestro derecho interno, concretamente en la regulación de los delitos de terrorismo (de hecho, algunos aspectos vinculados a la referida concepción de la pena están ya presentes en la regulación actual de estos delitos). En cualquier caso, la asunción de esta concepción del castigo penal podría significar, entre otras cosas, la renuncia a todas aquellas instituciones jurídicas que permiten u obligan, según los casos, a eximir de responsabilidad penal o a atenuar la pena por razones ajenas a la gravedad de los hechos y a la culpabilidad del autor. Dentro de este ámbito que aquí se identifica en gran medida con la punibilidad como elemento del concepto analítico del delito, la atención se centra en el estudio de las atenuantes para los condenados por terrorismo que colaboran con las autoridades después de haber cometido los hechos. Se procede al análisis estas medidas y a la actualización del polémico debate que ha existido siempre entorno a las mismas llevando a cabo, entre otras cosas, un exhaustivo análisis jurisprudencial y sin perder de vista el terrorismo de corte yihadista. El estudio termina con unas propuestas de lege ferenda en relación con estas denominadas “medidas premiales” tanto en el ámbito sustantivo como en el de la ejecución penitenciaria.
